La demandante presentó demanda solicitando que se dictara Sentencia para declarar resuelto el contrato de arrendamiento, al amparo de la causa 114.10 del Decreto 4104/1964, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

El padre de la demandante celebró, en su condición de propietario, contrato de arrendamiento mediante el que cedía en arrendamiento el inmueble que destinaría el inquilino, la planta baja a horno, y a vivienda el piso alto, formando todo ello un conjunto. Fallecido el propietario le sucedió su hija, en su condición de propietaria-arrendadora.

Con motivo de la realización de obras en el edificio colindante, se produjeron determinados daños en el inmueble y la demandante presentó escrito ante el ayuntamiento poniendo en conocimiento de este que se estaban produciendo grietas en la medianera y en las dos partes de la escalera. El ayuntamiento indicó que se habían dado las órdenes al jefe de obra de la reparación de los desperfectos que se denunciaban. En el decreto se requería a la demandante para que, bajo la dirección de técnico competente, realizara una intervención integral en el plazo de un mes.

Posteriormente se presentó escrito ante el ayuntamiento de en el que se indicaba que se había encargado la confección de informe a arquitecto superior, con el objeto de que determinara la intervención a realizar, así como el coste aproximado de la obra.

Finalmente, tras sucesivos informes, se declara la situación legal de ruina de la totalidad del inmueble, y la obligación del dueño, a su elección, de rehabilitarlo o demolerlo. El demandado  declara que no se dan los presupuestos previstos para proceder a declarar la situación legal de ruina. Por ello se presenta demanda frente a él.

Que se condene al inquilino a que proceda a dejar el inmueble libre.

Por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valencia se dictó Sentencia que declaró que por parte del ayuntamiento se dictara una nueva resolución donde, además de declarar la situación de ruina legal del inmueble, incluyera los pronunciamientos preceptivos a que se refiere el artículo 210.4 y 210.5 de la LUV y 507.2 del ROGTU. Esto es, se mantenía incólume la declaración de situación legal de ruina de la totalidad del inmueble y que debía incluir la declaración de incumplimiento del deber urbanístico de conservación y la obligación del dueño de rehabilitarlo o demolerlo.

El artículo 114.10 del Decreto 4104/1964, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos establece que “el contrato de arrendamiento urbano, lo sea de vivienda o de local, de negocio, podrá resolverse a instancia del arrendador por alguna de las causas siguientes: (…)  la declaración de ruina de la finca, acordada por resolución que no dé lugar a recurso y en expediente contradictorio tramitado ante la autoridad municipal, en el cual hubieren sido citados al tiempo de su iniciación todos los inquilinos y arrendatarios (...)